La Procuraduría General de Brasil (PGR) persentó esta semana a la Corte Suprema del país un parecer para suspender parte de la ley que autoriza que el origen del oro vendido en el país sea atestado por el vendedor.
Presentada por el Partido Verde en enero de este año, la demanda cuestiona la presunción de legalidad que podría beneficiar a quienes venden el oro extraído ilegalmente de tierras indígenas de la Amazonia.
Para el fiscal general Augusto Aras, la certificación del origen del oro corresponde a las entidades autorizadas por el Banco Central a comercializar el metal y cuya conducta es presumida de buena fe.
“Los compradores son las únicas instituciones que tienen contacto con los vendedores. Son ellas las que pueden tomar medidas e investigar posibles irregularidades”, declaró. “Son los responsables exclusivos de hacer que el oro extraído entre formalmente en el mercado financiero”, añadió.
Crédito arquivo Nacional EBC
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